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La polémica surge debido a que una compra idéntica, realizada por el Gobierno Regional de Áncash, costó 14 millones de soles, es decir, 3 millones menos que lo pagado por La Libertad, pese a tratarse del mismo número y tipo de unidades.
La presunta sobrevaloración ha encendido las alarmas entre organizaciones civiles y sectores políticos, quienes exigen una explicación transparente sobre el proceso de adquisición, los proveedores involucrados y los criterios técnicos utilizados para justificar el precio final.
La compra se realizó en el contexto de una creciente percepción de inseguridad en Trujillo y otras provincias de la región, lo que, según la gestión regional, motivó una acción urgente para reforzar la logística policial. Sin embargo, la diferencia de costos entre regiones pone en tela de juicio la eficiencia y transparencia del proceso.
Diversas organizaciones ya han solicitado la intervención de la Contraloría General de la República y en Ministerio Público para revisar la adquisición y determinar si existieron irregularidades en el proceso.
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