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La sentencia, inicialmente publicada en agosto, fue ratificada en octubre, confirmando el derecho del reclamante sobre aproximadamente mil metros cuadrados del terreno en disputa.
El proceso legal se ha extendido por varios años, y según Humberto Terrones Cano, abogado del demandante, la actual gestión municipal habría descuidado el seguimiento del caso, lo que retrasó su resolución.
El fallo consolida el derecho de propiedad del ciudadano y obliga a la municipalidad a respetar los límites establecidos por la sentencia judicial.
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