En medio de un escenario de profunda controversia, la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (UNDAC) tiene programada para hoy la ceremonia de distinción de Doctor Honoris Causa al ciudadano José María Balcázar Zelada. El acto ha generado un intenso debate sobre la ética universitaria, dado que el homenajeado deberá comparecer ante la justicia en menos de una semana.
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UN RECONOCIMIENTO BAJO LA SOMBRA JUDICIAL
La distinción académica coincide con un momento crítico para Balcázar Zelada. Según el expediente judicial 08804-2019-63-1706-JR-PE-08, el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo ha programado para el próximo 16 de junio de 2026, a las 10:00 a. m., el inicio del juicio oral en su contra.
El exabogado enfrenta un proceso por el presunto delito de Apropiación Ilícita Común en agravio del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. La resolución judicial es enfática al señalar que la concurrencia del acusado al juicio es obligatoria, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz y de que se emitan órdenes de captura a nivel nacional si se ausenta sin justificación.
CUESTIONAMIENTOS A LA ÉTICA INSTITUCIONAL
El proceder de la UNDAC ha sido duramente criticado por especialistas en derecho administrativo. Según argumentan, este acto vulnera el principio de ética pública y profesional consagrado en el artículo 5.17 de la Ley Universitaria N° 30220, que exige a las universidades promover la "conducta digna" y la "meritocracia".
El escenario es particularmente sensible debido a que la propia UNDAC enfrenta sus propios desafíos de integridad. Actualmente, pesan requerimientos fiscales de acusación contra altas autoridades universitarias, entre ellos Ángel Claudio Núñez Meza, por presuntos delitos de colusión agravada en perjuicio del Estado.
POSIBLES IMPLICANCIAS LEGALES
De acuerdo con lo establecido en el artículo 59.9 de la Ley 30220, el Consejo Universitario de la UNDAC posee la potestad de otorgar estas distinciones; sin embargo, expertos advierten que el uso de los recursos e imagen de una institución pública para este fin podría derivar en responsabilidades administrativas.
La comunidad universitaria y organismos de control, como la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), han sido alertados sobre estos hechos. Según fuentes vinculadas al sector, el acto podría ser pasible de nulidad por contravenir los principios fundamentales de calidad y conducta digna que rigen el sistema educativo superior en el país.
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