En un giro histórico para el panorama judicial y político del país, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del expresidente Ollanta Humala Tasso, anulando la condena de 15 años de prisión que pesaba en su contra por el presunto delito de lavado de activos y ordenando su inmediata excarcelación.
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La máxima instancia constitucional del país determinó que el Poder Judicial vulneró los principios fundamentales de legalidad y tipicidad al procesar y sentenciar al exmandatario. El fallo del TC se ampara directamente en el precedente jurídico establecido recientemente con el archivamiento definitivo del denominado "caso Cócteles", el cual blindó legalmente las investigaciones por aportes de campaña previos al año 2016.
EL EFECTO DOMINÓ DEL CASO CÓCTELES
La resolución del TC fundamenta que la imputación fiscal contra Humala Tasso —basada en el presunto financiamiento ilícito de sus campañas electorales de 2006 y 2011 por parte del gobierno venezolano y la constructora Odebrecht— carece de base punible bajo el marco legal de la época.
Al igual que se resolvió en el caso de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, los magistrados determinaron que la recepción de dinero para financiamiento partidario no registrado no constituía el delito de lavado de activos en el ordenamiento penal peruano aplicable a esos años. La tipificación autónoma del financiamiento ilegal de partidos políticos recién se incorporó formalmente en el Código Penal en el año 2019.
PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY
Tras conocerse el fallo, la defensa legal del expresidente destacó que la justicia constitucional actuó bajo el principio de igualdad y predictibilidad. "No se podía medir con distinta vara un mismo supuesto de hecho. Si el Tribunal Constitucional ya había establecido de forma vinculante que los aportes de campaña anteriores a la reforma legal no eran delito, mantener en prisión a Ollanta Humala constituía una flagrante detención arbitraria", señalaron fuentes jurídicas cercanas al exmandatario.
Con este veredicto, el proceso penal contra Humala queda completamente sin efecto, marcando el cierre de uno de los casos más emblemáticos de la trama Lava Jato en el Perú y sentando una jurisprudencia definitiva sobre cómo se juzgarán los fondos de campaña otorgados en la década pasada.
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