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Entre los señalados figura un interno identificado como E. V. E., a quien se acusa de presuntamente comercializar drogas y alquilar teléfonos celulares a otros internos. Asimismo, familiares sostienen que otro recluso tendría hasta tres celulares dentro del penal.
Las denuncias apuntan al interno del tercer piso del pabellón C2 a quien se ve en un video como llena una sustancia a envoltorios de plásticos, además, expresaron sospechas sobre una posible participación o permisividad de algunos trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
CARTA DE OTRO INTERNO ALERTA SOBRE PRESUNTOS ABUSOS
A estas denuncias se suma la carta de otro interno del penal de Cochamarca, dirigida a representantes de Derechos Humanos.
En el documento, el interno solicita que su pedido sea recibido y expone una serie de presuntas irregularidades que, según afirma, ocurrirían dentro del establecimiento penitenciario. Entre ellas menciona presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y supuestos acuerdos entre personal de la autoridad penitenciaria y determinados internos.
De acuerdo con la carta, algunos internos tendrían un supuesto control o monopolio de determinadas actividades dentro del penal y, presuntamente, contarían con respaldo de autoridades para imponer cobros a otros reclusos. El autor también denuncia supuestos cobros indebidos y represalias contra quienes no acceden a estos pagos.
El interno señala además que estas situaciones afectarían particularmente a la población penitenciaria más vulnerable y expresa temor por posibles represalias. En otro pasaje, solicita la intervención de Derechos Humanos y reclama una investigación sobre las condiciones que, según su testimonio, se estarían presentando en el penal.
La carta también hace referencia a problemas relacionados con la administración y seguridad del establecimiento, y pide que las autoridades superiores intervengan para verificar las denuncias. Afirman que algunos internos pueden ingresar a los pabellones de otros internos.
Frente a la gravedad de los testimonios, los familiares y el interno que remitió la carta solicitan una investigación independiente y exhaustiva, que permita determinar si efectivamente existe ingreso y comercialización de drogas, circulación irregular de teléfonos celulares, cobros indebidos, abusos de autoridad o algún nivel de participación de funcionarios penitenciarios.
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