Dos médicos legistas de la Unidad Médico Legal de Pasco son investigados por la presunta comisión de los delitos de omisión de actos funcionales y desobediencia a la autoridad, luego de que no habrían realizado el reconocimiento médico legal de dos personas que fueron trasladadas hasta dicha sede.
El fiscal de turno del Ministerio Público, Marco Mejía, informó que el último viernes la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público, realizó una intervención en las instalaciones de la Unidad Médico Legal de Pasco, ubicada en el distrito de Yanacancha.
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El segundo caso correspondía a un interno del establecimiento penitenciario de Cochamarca, quien había sido trasladado desde dicho centro penitenciario hasta la Unidad Médico Legal de Pasco para cumplir también con un reconocimiento médico legal solicitado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por el fiscal, ninguno de los dos habría sido atendido por los médicos legistas que se encontraban de turno. Durante la intervención fueron identificados los profesionales Cintia González y Juan Saavedra Céspedes, quienes habrían argumentado razones de carácter administrativo para no realizar los procedimientos.
Ante estos hechos, la policía y el Ministerio Público consideraron que se presentaría una presunta situación de flagrancia por la posible comisión del delito de omisión de actos funcionales. Asimismo, se investiga una presunta desobediencia a la autoridad, debido a que existían requerimientos emitidos por la Policía Nacional y el INPE para la realización de los reconocimientos médico-legales.
Los dos médicos legistas fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Yanacancha, donde se realizaron las diligencias correspondientes.
Posteriormente, ambos profesionales interpusieron una demanda de hábeas corpus ante un juzgado de esta ciudad, que dispuso su libertad. No obstante, la liberación no significa que las investigaciones hayan concluido.
“Ellos están siendo investigados por el delito de omisión de actos funcionales, ya que aparentemente, en su condición de médicos legistas, no habrían cumplido con practicar los reconocimientos médicos legales de estas dos personas”, precisó el fiscal Mejía.
Respecto a las razones por las cuales los médicos no habrían atendido los requerimientos, el fiscal señaló que durante la intervención se pudo verificar que ambos habían acudido a la sede y habían realizado el registro correspondiente, pero posteriormente no habrían cumplido con efectuar los reconocimientos, alegando motivos administrativos.
En ese sentido, Mejía remarcó que los funcionarios y servidores públicos tienen la obligación de garantizar una atención adecuada a los usuarios, independientemente de su régimen laboral o condición dentro de la institución.
“Todos los funcionarios y servidores públicos nos debemos a los usuarios y estamos en la obligación de brindarles un trato adecuado, una atención inmediata y respetando siempre sus derechos”, enfatizó.
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