La Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo dispuso declarar extinguida por prescripción la acción penal contra 52 investigados por los hechos vinculados al caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú.
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Como consecuencia de esta decisión, la Fiscalía dispuso que no corresponde formalizar ni continuar la investigación preparatoria en este extremo y ordenó el archivo de lo actuado, conforme al artículo 334 del Código Procesal Penal.
La resolución comprende a 52 investigados por presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Entre los nombres consignados en el documento figuran exministros y exviceministros de Salud, como Eduardo Yong Motta, Marino Ricardo Luis Santiago Costa Bauer y Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco.
VÍCTIMAS PODRÁN RECLAMAR REPARACIÓN CIVIL
En otro punto de la disposición, la Fiscalía dejó a salvo el derecho de las mujeres agraviadas y de las potenciales víctimas de esterilizaciones forzadas a reclamar la reparación civil que corresponda.
Asimismo, precisó que el caso de otras 111 agraviadas será objeto de un pronunciamiento por separado, debido a que sus situaciones corresponden a supuestos distintos, entre ellos la inexistencia de intervención quirúrgica, la existencia de consentimiento válido o hechos ocurridos fuera del periodo investigado.
La disposición también establece que las partes procesales pueden solicitar que el expediente sea elevado al fiscal superior si no están conformes con la decisión, dentro del plazo de cinco días previsto en el documento.
La decisión vuelve a poner en el centro del debate la búsqueda de justicia para las mujeres que denunciaron haber sido sometidas a esterilizaciones sin consentimiento durante las políticas de planificación familiar implementadas en el país.
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