El fenómeno climatológico de las últimas semanas ha ocasionado la pérdida de más de 70 vidas humanas, y casi 21 mil damnificados en diversas regiones afectadas, según los reportes oficiales.
En los últimos cinco años los fondos del Programa Presupuestal 068, destinados a reducir la vulnerabilidad y a atender de emergencias por desastres, no han sido usados diligentemente: el Gobierno Nacional ejecutó el 74.9%, los gobiernos regionales el 62.3% y las municipalidades el 68.5%. Y si observamos el primer trimestre de 2023, el gasto a nivel del Gobierno Nacional es del 12.8%, mientras que los gobiernos regionales y municipales han ejecutado 11.6% y 5.9%, respectivamente.
La inacción y falta de respuesta de los funcionarios y servidores públicos -evidenciadas en las visitas de control y en más de 13 mil alertas emitidas por la Contraloría- son pasibles de sanción que puede llegar hasta la inhabilitación para trabajar en el Estado. Dicho incumplimiento en una situación de emergencia, sea por no garantizar la prestación de algún servicio o respuesta oportuna, o dejar de actuar con diligencia, dejando de ejecutar el gasto público generando la paralización o suspensión de los servicios públicos, obras u operaciones, son conductas que serán ejemplarmente sancionadas.
La actuación célere y transparente es una obligación inexcusable de quienes tienen la responsabilidad de administrar los fondos públicos en una emergencia para atender las necesidades de la población y para prevenir mayores efectos negativos de los fenómenos naturales, reducir la vulnerabilidad de las personas, y salvaguardar sus vidas y pertenencias.
En línea con la problemática expuesta, anunciamos además que remitiremos al Congreso de la República dos iniciativas legislativas orientadas a garantizar la gestión pública durante estados de emergencia, una relacionada con la inaplicación de normativas infralegales de los sistemas administrativos y funcionales, que muchas veces paraliza el accionar de los gestores públicos, y otra, que establezca que todas las entidades públicas dispongan como mínimo del 1% de su presupuesto para el financiamiento en la prevención de desastres naturales.
