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El conflicto se originó a raíz de la emisión del Oficio N° 002367-2026-UNDAC/DGA por parte de la Dirección General de Administración (DGA). Mediante dicho documento, la institución exigió a los estudiantes un plazo perentorio de 48 horas para la entrega de datos personales y académicos detallados —incluyendo nombres, DNI e historial disciplinario— con el aparente propósito de instrumentar procesos sancionadores.
RESPALDO INQUEBRANTABLE A LA FILIAL LA MERCED
Los universitarios organizados señalaron que estas medidas punitivas buscan silenciar las legítimas demandas de sus compañeros de la filial La Merced, quienes previamente exigieron el cumplimiento de servicios académicos básicos, mejoras urgentes en infraestructura y la asignación completa de docentes para su correcta formación profesional.
“Reclamar condiciones mínimas para estudiar no es un delito; es un derecho consagrado en la Ley Universitaria N° 30220”, enfatizaron los representantes estudiantiles a través de su pronunciamiento público.
ALERTA ANTE POSIBLES REPRESALIAS
Ante la inminencia de sanciones y actos de hostigamiento, los alumnos hicieron un llamado formal de alerta a la Defensoría Universitaria y a la opinión pública regional. Asimismo, exigieron a la alta dirección de la UNDAC replantear sus prioridades institucionales:
“Exigimos a la alta dirección priorizar la resolución técnica y presupuesto para las deficiencias académicas en lugar de desgastar recursos institucionales en la persecución de sus propios alumnos.”
Los estudiantes concluyeron reafirmando su unidad y dignidad bajo la consigna de que la educación de calidad se defiende y no se persigue, exigiendo plenas garantías para el ejercicio de la representación estudiantil en ambas sedes.
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