De los 10 departamentos que concentran el 68 % de conflictos, solo dos tienen esta oficina.
Como parte de la supervisión que realiza la Defensoría del Pueblo a la gestión de la conflictividad social a nivel nacional, se identificó que solo ocho gobiernos regionales cuentan con una oficina o área especializada en prevención y gestión de conflictos sociales en funcionamiento. Se trata de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. Estas oficinas han sido formalizadas a través de una norma de creación o incorporadas en los reglamentos de organización y funciones. De estas, solo dos cuentan con personal especializado en gestión de conflictos.
La situación se torna más preocupante aún al verificar que en los 10 departamentos que concentran el 68 % de los 209 conflictos sociales, registrados por la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, solo dos gobiernos regionales (Loreto y Puno) cuentan con una oficina especializada en la materia. Tampoco hay una oficina en las regiones con mayor número de conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera como Áncash (12), Apurímac (11), Cusco (10), Cajamarca (8) y Pasco (6) que, en conjunto representan el 52.8 % del total de casos.
Cabe señalar que si bien los conflictos sociales vinculados a la gran y mediana minería están enmarcados dentro de las competencias del Gobierno nacional, estos impactan en las economías locales. Sus jurisdicciones son el espacio de las protestas, algunas de ellas muy violentas, y la legitimidad de sus autoridades no está a salvo del rumbo que tome el conflicto.
Respecto a las demandas presentadas en los conflictos sociales en el último mes, en el 31 % los gobiernos regionales o locales tienen competencia para atenderlas y se refieren principalmente a la prestación de servicios públicos, transparencia e integridad, protección del medio ambiente, erradicación de actividades ilegales, entre otros. Ahora bien, existen 23 conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y de gobierno local en los que se cuestiona directamente su gestión pública.
En ese sentido, para la Defensoría del Pueblo es necesario implementar y fortalecer oficinas especializadas en prevención y gestión de conflictos sociales en los gobiernos regionales, atendiendo a las tendencias crecientes de la conflictividad social, no solo en número sino en intensidad.
“La prevención y gestión de conflictos sociales desde los gobiernos regionales es de vital importancia para enfrentar la conflictividad social porque permite un análisis más cercano de las dinámicas regionales y locales, una participación más activa y especializada de en los espacios de diálogo y una mayor coordinación con el Gobierno nacional y las municipalidades”, precisó Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
Finalmente, el representante de la institución indicó que, de cara a las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, se espera que las candidatas y los candidatos expliquen a la ciudadanía qué propuestas consideran en sus planes de gobierno para enfrentar la conflictividad social.
