PASCO: IMPOSICIÓN DE MULTAS AMBIENTALES OCASIONARON PERJUICIO DE S/ 121 MIL EN MUNICIPALIDAD DE OXAPAMPA

Cinco funcionarios y servidores públicos tendrían responsabilidad civil y administrativa

En el marco del Megaoperativo de Control en Pasco, la Contraloría General detectó un perjuicio económico valorizado en S/ 121 072 en la Municipalidad Provincial de Oxapampa, debido a las multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en el año 2021 por la infracción a la normativa ambiental en el funcionamiento del Camal Municipal. Por este hecho, se determinó presunta responsabilidad y administrativa en cinco funcionarios y servidores públicos de la entidad.

El Informe de Servicio de Control Específico N° 007-2022-2-0448-SCE, cuyo periodo de evaluación comprende de 24 de julio de 2018 al 23 de febrero de 2022, señala que la referida municipalidad no absolvió observaciones tales como la falta de certificación ambiental para desarrollar actividades pecuarias, el manejo inadecuado de residuos sólidos y el vertimiento de aguas residuales sin el tratamiento previo en el funcionamiento del camal, las cuales fueron identificadas por la Dirección de Gestión Ambiental del Ministerio de Agricultura y Riego y que conllevaron a la imposición de las multas en agravio de la entidad.

Las multas mencionadas fueron canceladas entre julio de 2021 y febrero de 2022, afectando el patrimonio económico de la Municipalidad Provincial de Oxapampa.

Cabe mencionar que, en octubre de 2018 mediante un Informe de Visita de Control N° 003-2018- OCI/0448-VC, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Oxapampa, advirtió a la entidad los riesgos detectados en el estado situacional e infraestructura del camal municipal; el mismo que, recomendó a las autoridades adoptar las acciones necesarias, las cuales no fueron implementadas en su totalidad.

Los resultados del control posterior fueron notificados a la actual autoridad municipal para el inicio de las acciones administrativas contra los exfuncionarios y funcionarios ediles involucrados; y a la Procuraduría Pública encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría para que inicie las acciones legales contra los involucrados en el caso.