El conductor alegó una "falla de frenos", pero un video de seguridad del municipio revela que nunca intentó frenar y que fugó de la escena dejando a las dos víctimas tendidas en la pista. El paradero del imputado ahora es incierto.
Una ola de indignación sacude a la provincia de Daniel Alcides Carrión. Eulogio Morales Fernández, Secretario General de la Federación de Comunidades Campesinas de Pasco, ha presentado una grave denuncia penal ante la Fiscalía Superior contra el Fiscal Provincial Titular, Orlando Carreño Chumbes, y el Fiscal Adjunto, Luis W. Laura Vilca, acusándolos de los presuntos delitos de prevaricato, omisión de actos funcionales y encubrimiento personal.
Los magistrados son señalados por haber otorgado "libertad inmediata" a Zacarías Luis Baltazar Rixe, el conductor investigado de una camioneta Toyota Hilux que el pasado 9 de mayo arrolló violentamente a dos jóvenes en pleno centro de Yanahuanca.
EL TRÁGICO ACCIDENTE Y LA SIMULACIÓN DE UNA FALLA MECÁNICA
El siniestro ocurrió en la transitada calle 28 de Julio, frente al Hospital "Fredy Valle Ore". La camioneta impactó con tal violencia a Pierina Yanela Sullca Roque (25) y a Adiel Samuel Marcelo Laureano (18) que ambos fueron proyectados a una distancia aproximada de 30 metros. Actualmente, la joven de 25 años se debate entre la vida y la muerte en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en estado de coma, mientras que el joven de 18 resultó con 40 días de incapacidad médica.
Tras el hecho, el chofer huyó del lugar sin prestar ningún tipo de auxilio. Al ser detenido, Baltazar Rixe intentó justificar su accionar asegurando que el vehículo sufrió una "falla en el sistema de frenos".
LAS PRUEBAS DE VIDEO QUE LOS FISCALES HABRÍAN IGNORADO
El núcleo de la denuncia penal contra los fiscales radica en que un video de las cámaras de videovigilancia municipal, visualizado oficialmente el 10 de mayo, desmiente de forma contundente la versión del investigado. El análisis del material audiovisual (de 13 segundos de duración) determinó lo siguiente:
• Cero luces de freno: En los segundos previos y durante el impacto, las luces traseras de freno del vehículo rojo jamás se encendieron. Técnicamente, incluso si el sistema hidráulico falla, el interruptor mecánico activa las luces al pisar el pedal, lo que demuestra que el chofer nunca frenó.
• Velocidad excesiva: El vehículo superaba ampliamente el límite de 30 km/h permitido para esa zona comercial y densamente peatonal.
• Fuga deliberada: Tras arrollar y pasar por encima de las víctimas, el conductor aceleró y escapó, manteniendo un control absoluto del vehículo, lo que desbarata la teoría de que el carro estaba averiado.
UNA POLÉMICA LIBERACIÓN
A pesar de tener conocimiento pleno de este video el día 10 de mayo, los fiscales emitieron la Disposición N.° 02 apenas 24 horas después, ordenando la inmediata libertad del chofer bajo comparecencia restrictiva.
Según el documento de la denuncia, los fiscales habrían incurrido en prevaricato al realizar un cálculo erróneo y amañado de la pena probable para evitar solicitar la prisión preventiva. Los magistrados solo tomaron en cuenta el delito de Lesiones Culposas Graves, ignorando el concurso real con los delitos de Omisión de Socorro y Exposición al Peligro. De haber sumado las penas de forma legal, la sanción mínima superaba los 8 años de cárcel, haciendo obligatoria la prisión preventiva.
Asimismo, se critica la "celeridad procesal de forma irregular", ya que se liberó al chofer el mismo día de la formalización, sin esperar pericias mecánicas claves ni la evolución clínica de la víctima en UCI.
EXIGEN RECAPTURA DEL CHOFER Y SANCIÓN PARA MAGISTRADOS
El documento presentado exige con urgencia a la Fiscalía Superior que ordene la verificación del paradero del chofer liberado, cuyo destino actual es incierto, existiendo un inminente riesgo de fuga.
Además, se ha solicitado formalmente que se remitan copias de todo lo actuado a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que se inicie un proceso disciplinario y la destitución de los fiscales Carreño Chumbes y Laura Vilca. Los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales de Yanahuanca exigen transparencia y una profunda investigación ante lo que consideran un abierto acto de injusticia y presunta corrupción funcional.
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